RIGI: apenas 1% de la inversión comprometida se tradujo en importaciones

Los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumularon hasta agosto cerca de USD 462 millones en importaciones, según una compilación de datos del investigador Federico Bernini, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). Esa cifra equivale a apenas el 1% de los USD 47.073 millones que representan los 22 proyectos aprobados por el régimen.

El dato llega en un momento de tensión creciente entre el Gobierno y el sector industrial. La semana pasada, durante el Día de la Industria organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), empresarios respaldaron el rumbo macroeconómico oficial, pero advirtieron que la baja de la inflación y el orden fiscal no alcanzan para recomponer la actividad, el crédito ni el consumo.

Agosto marcó un salto en las compras externas del RIGI: más del doble del récord mensual previo, con unos USD 140 millones en un solo mes. Aun así, el volumen total sigue siendo marginal frente al tamaño del régimen, y distintos análisis privados sostienen que el impacto sobre la economía real todavía es incipiente.

El proceso arrancó lento: durante buena parte de 2025 los montos fueron bajos y estuvieron concentrados en pocos proyectos. La curva empezó a acelerarse desde septiembre del año pasado y se profundizó en el segundo trimestre de 2026, cuando más iniciativas comenzaron a registrar compras al exterior.

VMOS, el desarrollo vinculado al oleoducto de Vaca Muerta y que ya está al 80% de su obra, concentra la mayor parte de las importaciones del régimen, con unos USD 175 millones acumulados. Le siguen GEAR (USD 68 millones) y Rincón Mining (USD 63 millones). Más atrás aparecen Luz del Campo, Sidersa y TGS, con montos de entre USD 30 y 40 millones cada uno.

El perfil sectorial de esas compras -concentradas en energía, minería y siderurgia- explica en parte por qué buena parte del equipamiento se trae de afuera: son actividades intensivas en bienes de capital de alto valor unitario, para los que la industria local no siempre tiene oferta suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.

Ese punto es justamente el que preocupa a los industriales. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, planteó en el acto por el Día de la Industria que el sector necesita un puente entre la estabilización macroeconómica y la recuperación de la economía real, con foco en actividad, crédito, infraestructura, energía y competencia desleal.

En los pasillos del encuentro, varios empresarios volvieron sobre otro reclamo: el impacto del contrabando y la mercadería subfacturada sobre los precios internos. Según la cobertura de Infobae sobre el evento, el propio Rappallini sostuvo que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares llegan a representar entre el 30% y el 50% del mercado, y que esa situación no puede considerarse libre competencia sino una forma de competencia desleal.

La discusión de fondo excede el volumen importado. Entre empresarios y especialistas crece la pregunta de cuánto de esos grandes desembolsos puede derivar en trabajo para fabricantes nacionales de equipos, bienes intermedios, ingeniería o montaje, y cuánto empleo y producción quedan efectivamente en el país a medida que los proyectos avanzan.

Esa capacidad de integración remite a condiciones concretas: costos, financiamiento, presión tributaria, logística y escala, que hoy limitan a buena parte de la industria argentina para sumarse a un régimen pensado para atraer inversión extranjera. La pregunta que queda abierta es si el país puede capturar una porción mayor de ese negocio o si la mayor parte seguirá canalizándose hacia proveedores del exterior.

Nota basada en información publicada por Infobae.