El Gobierno impulsa un nuevo blanqueo con menos controles y beneficios para grandes patrimonios
El proyecto Inocencia Fiscal II, con media sanción en Diputados, busca sumar a grandes contribuyentes al régimen simplificado y reduce las obligaciones de reporte para quien blanquee ahorros
El Gobierno avanza con una segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal, que ya tiene media sanción en Diputados y ahora deberá discutirse en el Senado. El objetivo declarado es sumar al sistema financiero parte de los USD 170.000 millones que, según estimaciones oficiales, permanecen fuera de los bancos.
La norma original rige desde el 26 de diciembre de 2025, pero el propio sector de contadores le planteó al ministro de Economía, Luis Caputo, que sin cambios los contribuyentes no iban a animarse a declarar sus ahorros. Tras varias reuniones, Caputo aceptó enviar un nuevo texto al Congreso.
Uno de los cambios más relevantes amplía el universo de beneficiarios: hoy quedan afuera del Régimen Simplificado de Ganancias quienes tuvieron ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. Con la reforma, ese grupo de grandes contribuyentes también podrá acceder al régimen, aunque sin los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, según explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, a Infobae.
El proyecto también redefine cuándo el fisco considera que existe una discrepancia significativa entre lo declarado y la información oficial. Según Domínguez, si la diferencia es del 15% o más pero no supera los $5 millones, dejará de considerarse significativa, lo que hoy expone a inspecciones a contribuyentes con diferencias menores. Además, Mariano Ghirardotti, del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, señaló que ese cálculo pasará a hacerse sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, un punto que había sido cuestionado en la versión anterior.
Cuando la diferencia detectada supera los $5 millones, el contribuyente tendrá 15 días desde la notificación para aceptar la liquidación y pagar el impuesto con sus accesorios. Si lo hace en ese plazo, según Ghirardotti, conserva los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal incluso ante una diferencia relevante con el fisco.
Otro de los ejes del proyecto apunta a bajar las exigencias de control para quienes blanqueen capitales. Noelia Girardi, de Lisicki, Litvin & Abelovich, indicó que el régimen no obligará a reportar a ARCA el patrimonio al inicio ni al cierre del ejercicio fiscal, ni a exteriorizar los consumos realizados en ese período. Si los fondos se usan por las vías habilitadas, solo deberán incorporarse a la última declaración de Bienes Personales, lo que reduce sensiblemente la capacidad de fiscalización posterior sobre esos capitales.
Los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal tendrán como límite el 31 de diciembre de 2027, último día del mandato de Javier Milei. El Gobierno apuesta a que la mayor cantidad posible de contribuyentes blanquee sus ahorros antes de esa fecha.
El proyecto pasa ahora al Senado, en un contexto en el que el Ministerio de Economía busca acelerar la reactivación económica apelando a capitales hoy fuera del circuito formal. Con información de Infobae.
