Fracasó la paritaria universitaria y los gremios evalúan una quinta marcha nacional
El Gobierno mantuvo su oferta de 3% para septiembre y 3% para octubre, que los sindicatos docentes y no docentes volvieron a rechazar. Piden el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La negociación paritaria entre el Gobierno y los gremios universitarios volvió a estancarse este jueves. En una reunión que comenzó a las 11 en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación, las autoridades repitieron la propuesta de aumento del 3% para septiembre y 3% para octubre que ya habían presentado a comienzos de mes y que todas las agrupaciones habían rechazado. El resultado fue el mismo.
«El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas», advirtió una de las contrapartes gremiales presentes en el encuentro con funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Los sindicatos docentes reclaman los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, que además de los dos incrementos ofrecidos por el Gobierno contempla una recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la gestión de Javier Milei.
Por la tarde estaba previsto un segundo encuentro entre Educación y los gremios no docentes. Tras esa reunión, ambos sectores iban a juntarse para definir las próximas medidas de fuerza. La opción que más fuerza toma es la de una nueva marcha nacional universitaria, que sería la quinta desde que asumió este Gobierno y la segunda del año.
El conflicto se da en un contexto presupuestario tenso. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales. Las autoridades de las 60 universidades públicas calculan que casi el 90% de los recursos pedidos corresponde a salarios docentes y no docentes.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo todavía no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar sigue vigente. «Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes», declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
El Ejecutivo, por su parte, cuestiona las cifras reclamadas y sostiene que la Justicia todavía no ordenó la aplicación total de la ley. Según voceros oficiales, la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y el aumento previsto para octubre dejaría la remuneración por encima de lo que fija el fallo judicial. El Presupuesto para 2027 contempla la cautelar y una inflación proyectada del 18%, dentro de una partida llamada refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos, además de un aumento del 20% para gastos de funcionamiento.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a responder las críticas en diálogo con Clarín y cuestionó recortes universitarios de gestiones anteriores. El presidente Javier Milei retuiteó el mensaje con la frase «DATO VS RELATO». En el entorno presidencial afirman que la política de fondos universitarios no cambiará: «Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar».
La disputa además tiene un capítulo judicial: el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, rechazó el 1 de septiembre el pedido oficial de dejar sin efecto la cautelar, y la Corte Suprema había confirmado su vigencia el 25 de junio. Los rectores impulsan además una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley y pidieron que se evalúen multas a funcionarios y una posible causa penal por desobediencia.
Fuente: Infobae.
