La letra chica del Presupuesto 2027: qué es la Jurisdicción 91
Es una partida sin oficina, personal ni ministro que maneja Hacienda y que en 2027 concentrará $14,8 billones, muy por encima de la inflación proyectada.
El Gobierno envió el martes 15 de septiembre a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Entre las planillas aparece una partida que llamó la atención de especialistas: la Jurisdicción 91, denominada Obligaciones a cargo del Tesoro, que concentrará $14,8 billones sin tener edificio, empleados ni ministro a cargo. La maneja directamente la Secretaría de Hacienda, que conduce Carlos Guberman.
El economista jefe de la consultora Empiria, Nicolás Gadano, advirtió que el crédito previsto para esa jurisdicción sube 163% frente a lo que el Gobierno proyecta ejecutar en 2026, mientras estima una inflación de apenas 18% para el año próximo. Con ese monto, la Jurisdicción 91 pasaría a ser la tercera partida más grande del Presupuesto, detrás de los servicios sociales y el pago de la deuda pública.
Se trata de un mecanismo que existe desde los años noventa y que le permite a Hacienda concentrar fondos que después reparte durante el año, sin pasar por el Congreso ni por decreto. Casi la mitad de los $14,8 billones, según el proyecto, está destinada a cubrir déficits de empresas públicas como Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo, aunque esas compañías dependen de otros ministerios como Transporte, Energía o Educación. Una fuente consultada por Infobae bajo reserva explicó la lógica del esquema con un ejemplo: «Supongamos que se busca destinar fondos al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Si ese dinero queda asignado al Ministerio de Salud, durante el año podría ser reasignado dentro de esa cartera mediante las facultades delegadas para ejecutar el presupuesto (…) Como el Gobierno deberá asistir al PAMI de todos modos, Hacienda empezó a aplicar este mecanismo para garantizar que determinados recursos y gastos queden bajo su control», señaló.
La otra mitad, unos $7,6 billones, se agrupa bajo el rótulo «Otras Asistencias Financieras», una línea que Gadano calificó de definición imprecisa. De ese total, $1,5 billones figuran como gasto en personal pese a que la jurisdicción no tiene una sola persona en planta, y otros $6 billones aparecen como transferencias al sector privado. Según explicó la fuente consultada, esa reserva funciona como un colchón para reforzar sueldos de otros organismos que puedan quedar desfinanciados durante el año, sin necesidad de una ley o un decreto que lo autorice.
El esquema no es exclusivo de esta gestión: el crédito inicial de la Jurisdicción 91 para 2026 fue de $12,4 billones y terminó en $8,4 billones, porque buena parte de esos fondos se redistribuyó a lo largo del ejercicio hacia otras áreas del Estado. Gadano remarcó que el Congreso tiene margen para reasignar desde el inicio los $7,6 billones de «Otras Asistencias Financieras» a programas puntuales, algo que hasta ahora nunca ocurrió, salvo como planteo de la oposición durante el debate de la ley de emergencia en discapacidad. El economista calculó además que, si esos fondos se retiraran del Presupuesto sin reasignarlos a ninguna partida, el superávit primario proyectado para 2027 pasaría de 1,3% a 1,8% del PBI.
La discusión expone hasta qué punto una porción significativa del gasto público del año próximo queda bajo el control discrecional de un funcionario, sin el debate parlamentario que sí exigen otras partidas del Presupuesto. Con información de Infobae.
