Aysa: quedaron dos consorcios en carrera para quedarse con la empresa estatal de agua

El Gobierno nacional definió los dos consorcios que quedaron habilitados para competir por la compra del 90% de las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa que presta servicio a unas 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

De los 17 interesados originales, solo ocho empresas, agrupadas en dos consorcios, superaron el filtro técnico exigido por el pliego licitatorio. Uno está encabezado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, junto a las firmas argentinas Rowing y Transclor —esta última de Mauricio Filiberti, actual proveedor de Aysa y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor— y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. El otro está liderado por el Grupo Roggio, dueño de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes y controlante de Emova Movilidad (ex Metrovías), con respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.

El presidente de Aysa, Alejo Maxit, explicó que la decisión de privatizar responde a un mandato de la Ley Bases y remarcó que se trata de «una definición política» impulsada por el propio Javier Milei. Según detalló, una vez superada la instancia técnica, la adjudicación se definirá exclusivamente por el monto que cada consorcio ofrezca por el paquete accionario, sin competencia por plan de obras ni por tarifas, ya fijadas de antemano en el contrato. Trascendidos ubican la expectativa oficial en torno a los 500 millones de dólares.

El contrato de concesión, de 30 años prorrogables por otros diez, establece que la tarifa no quedará congelada pero tampoco tendrá una revisión integral hasta 2032. Los ajustes se realizarán mediante dos mecanismos: uno ligado a costos y otro a metas de calidad del servicio. El nuevo operador deberá invertir al menos 2.000 millones de dólares en los primeros cinco años, dentro de un plan total de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares en tres décadas. Las metas de cobertura de agua y saneamiento recién alcanzarán niveles universales si se ejerce la prórroga adicional, es decir, hacia el año 40 del esquema.

Sobre el personal, Maxit reconoció que no existe ningún compromiso contractual que obligue al futuro dueño privado a mantener la dotación actual de empleados, aunque continúan vigentes los convenios laborales previos por tratarse de una empresa en marcha. La planta de trabajadores ya se redujo de 7.700 a 5.890 personas en los últimos años, mientras el peso de los salarios sobre los costos totales bajó del 33% al 23%.

Según los balances oficiales, Aysa pasó de pérdidas multimillonarias en 2023 a resultados positivos en 2024 y 2025, en paralelo a que las transferencias del Estado nacional para sostener la empresa cayeron a cero. En sus 20 años como empresa estatal, Aysa recibió del Estado unos 13.400 millones de dólares. La firma del contrato con el consorcio ganador se estima para antes de fin de año, según trascendidos citados por Infobae.

Fuente: Infobae.