Milei impulsa una reforma para endurecer las sanciones a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno de Javier Milei anunció un paquete de medidas para reforzar las sanciones contra las empresas que exploran o explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El corazón de la ofensiva es una reforma a la Ley 26.659, la norma vigente desde 2011.

Esa ley fue sancionada por unanimidad durante el primer mandato de Cristina Kirchner y es conocida como «Ley Pino Solanas», en homenaje al cineasta y senador que la impulsó. Establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere habilitación de autoridad argentina, y prohíbe a cualquier persona o empresa que opere en el país participar, financiar o prestar servicios a firmas que exploten esos recursos sin permiso. Las sanciones incluyen inhabilitaciones de entre 5 y 20 años y la reversión de concesiones al Estado. En 2013, una modificación posterior —la Ley 26.915— sumó penas de entre 5 y 15 años de prisión y multas millonarias en barriles de crudo para quienes exploren, extraigan o transporten hidrocarburos sin autorización.

La primera medida concreta del Ejecutivo fue el Decreto 868/2026, que traspasó la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía a la Cancillería, con el objetivo de alinear las sanciones administrativas con la estrategia diplomática por la soberanía de las islas. El decreto obliga a todos los organismos públicos a informar posibles infracciones en cinco días hábiles y fija un procedimiento con diez días de descargo para los denunciados. También exige una declaración jurada a quienes pidan adherirse al RIGI o tramiten permisos de exploración.

El proyecto de ley enviado al Congreso, bajo el nombre de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, va más allá: extiende las penas a proveedores, accionistas y directores de las empresas involucradas, prohíbe que los infractores contraten no solo con el Estado sino también con privados en todo el país, habilita el juicio en ausencia y amplía el régimen a otras actividades como la pesca, la logística y el transporte marítimo vinculadas a las islas.

«La Ley N° 26.659 tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino», sostuvo Milei durante el anuncio en cadena nacional.

El paquete incluye además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y un decreto de necesidad y urgencia que amplía los fondos de Defensa para avanzar en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y reforzar las telecomunicaciones. Según Milei, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a proyectos en las islas.

Con información de Infobae.