El RIGI le resta al Estado unos USD 8.500 millones y las provincias son las más beneficiadas

El debate por el Presupuesto 2027, que el Gobierno pretende tratar en octubre en el Congreso, sumó un cuestionamiento central: cuánto deja de recaudar el Estado por los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y por qué esa cifra no aparece en el proyecto oficial.

La directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, calculó que si las empresas con proyectos adheridos al RIGI pagaran impuestos bajo el régimen general, el total recaudado ascendería a casi USD 26.000 millones. Con los beneficios del RIGI vigentes, esa cifra cae a USD 17.500 millones. La diferencia, USD 8.500 millones, equivale a una tercera parte del total.

«Una cosa es el gasto tributario, que se pone en el presupuesto siempre porque es cuánto pagarían las empresas que están operando en Argentina por el régimen general versus el régimen que tienen», explicó Dal Poggetto, que planteó como pregunta central quién termina financiando esa diferencia.

Según su análisis, de esos USD 8.500 millones, la Nación aporta USD 6.200 millones pero recibe USD 9.900 millones, 1,6 veces lo que pone. Las provincias con proyectos RIGI, en cambio, aportan USD 1.200 millones y reciben USD 5.000 millones, es decir 4,16 veces más de lo que contribuyen. «El juego es un esquema tributario que de alguna forma favorece a las provincias que tienen alocados los proyectos, es la contracara de un esquema que intente distribuir desde el punto de vista de la política fiscal», sostuvo la economista.

El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel aportó su propia estimación, que según remarcó no figura en el proyecto de Presupuesto. De acuerdo a los datos que difundió, hay 23 proyectos aprobados bajo el RIGI, con una inversión total de USD 49.766 millones y una proyección de 108.450 puestos de trabajo. El 47% de esa inversión se desembolsa recién hasta 2028. Por sectores, detalló dos proyectos de energía eléctrica, siete de petróleo y gas, 12 de minería, uno de siderurgia y uno de infraestructura.

«El mayor dibujo del presupuesto es la ausencia total del gasto tributario (lo que el Estado deja de recaudar) por el RIGI», afirmó Michel en la red social X. Según su cálculo, ese gasto tributario oculto asciende a USD 3.359 millones anuales —0,49 puntos del PBI— cuando los proyectos estén en plena ejecución, una condición que recién se alcanzará de manera completa después de 2028.

En paralelo, mientras el FMI desarrollaba en el país la misión de la tercera revisión del programa vigente, el bloque peronista de Diputados envió una carta a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en la que calificó al proyecto de Presupuesto 2027 de «inconsistente» y señaló que otorga «discrecionalidad» al Poder Ejecutivo en un año electoral.

La carta plantea tres cuestionamientos. El primero es que el superávit primario proyectado por el Gobierno, de $15,4 billones (1,1% del PBI), estaría sobreestimado porque no contempla el gasto tributario del RIGI. El segundo apunta a la llamada «Jurisdicción 91», que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones, de los cuales $7,7 billones no tienen ley ni criterio de asignación: según el documento, funcionarían como una herramienta para auxiliar o presionar a provincias con dificultades para pagar sueldos. El tercero refiere a que la inversión financiera neta prevista para 2027 se duplica respecto de 2026, de $9,8 billones a $17,4 billones.

Los tres planteos —el de Dal Poggetto sobre la distribución entre Nación y provincias, el de Michel sobre la magnitud del gasto tributario oculto y el de la carta del bloque peronista sobre la discrecionalidad presupuestaria— coinciden en un punto: la falta de inclusión del costo fiscal del RIGI en el debate sobre las cuentas públicas de 2027. Con información de Infobae.