El Gobierno privatizó AySA: la concesión quedó en manos de un consorcio local
Rowing S.A. y Transclor ofrecieron USD 340 millones y se quedaron con el 90% de la empresa estatal de agua y cloacas por 30 años.
El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y adjudicó la concesión del servicio a un consorcio liderado por Rowing S.A., la empresa de ingeniería de Walter Román, junto a Transclor, del empresario Mauricio Filiberti. La oferta, de USD 340 millones por el 90% de las acciones, se impuso este jueves tras la apertura de los sobres económicos de la licitación.
AySA presta agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. El nuevo operador deberá hacerse cargo de la compañía entre enero y febrero de 2027, según el cronograma del pliego.
La propuesta ganadora superó a la del grupo Roggio, que había ofrecido USD 285 millones a través de un consorcio integrado por Roggio ROAS, Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre, firma que ya opera Aguas Cordobesas y participa del transporte porteño con Emova Movilidad y Metrovías.
El consorcio adjudicatario sumó, además de Rowing y Transclor —proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización desde 2009—, a Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav, que opera el servicio de agua de Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio, y al fondo neerlandés PHX Aqua AR B.V.
Un dato central del proceso es que el precio de las acciones fue la única variable de la competencia: ni el plan de inversiones ni el esquema tarifario estuvieron en juego, porque el propio pliego los fijó de antemano. Es decir, las condiciones bajo las que millones de usuarios pagarán el servicio durante tres décadas ya estaban definidas antes de que se eligiera al concesionario.
El contrato exige una inversión mínima de USD 2.000 millones en los primeros cinco años y obligaciones de infraestructura de entre USD 13.000 y 15.000 millones durante todo el período inicial de 30 años, prorrogable por otros 10. Redes, plantas, bombas y cañerías seguirán siendo activos estatales al finalizar la concesión.
Según las metas del pliego, la cobertura de agua potable debería llegar al 75,3% hacia 2031 y al 90% al cabo de los 30 años, mientras que en saneamiento el objetivo es pasar del nivel actual al 63,9% en 2031 y al 75% al cierre del contrato. La cobertura universal de ambos servicios quedó proyectada recién para una eventual prórroga de diez años adicionales.
Con información de Infobae.
